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En una votación histórica, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (DDDSC), una ley que representa un primer paso para obligar a las empresas a rendir cuentas sobre las medidas que toman de protección de los Derechos Humanos y el medioambiente.
El texto que el Parlamento dio luz verde sólo cubrirá a una minoría muy pequeña de empresas de la UE.
La ley también prevé diferentes opciones de aplicación para los Estados miembros y vías de recurso y justicia para las víctimas. Sin embargo, la Directiva sigue careciendo de normas que eliminen los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas cuando intentan acceder a la justicia en los tribunales europeos.
El texto excluye actividades posteriores al consumo como el reciclaje y el tratamiento en vertederos, lo que supone una bofetada a quienes reclaman una transición justa.
El texto final no incluye los cruciales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando a las trabajadoras en condiciones peligrosas y potencialmente letales.

FUENTE: La Mar de Onuba