[ Contenido | Publicar | Responder | Siguiente | Anterior | Arriba ]
Fecha: 23/11/2001
Hora: 12:59:57
Nombre remoto: 150.214.161.11
Usuario remoto:
Mi postura personal apunta a una respuesta rotundamente afirmativa y que quisiera matizar.
Cualquier institución -educativa o no- debe velar por la competencia profesional de los miembros que la componen. En el terreno empresarial sería impensable no contar con un plan o programa de perfeccionamieto o reciclaje de sus empleados a nivel de operarios, administrativos o staff direcivo.
En los contextos educativos la situación se vuelve más compleja y difusa. Si el trabajador o el ejecutivo de una empresa saben que es una «obligación» elevar su nivel de competencia profesional porque se supone que eso implica una mayor productividad aparte de una elevación del estaus personal, los educadores y enseñantes hemos tenido una relación incestuosa con nuestra propia Administración. A todos los niveles educativos parece haber existido una postura indolente con el tema de la formación permanente del profesorado. Los Centros de Profesores y los Institutos de Ciencias de la Educación confeccionaban unos planes de actuación que sólo obligaban moralmente a aquellos profesionales de talante más progresista concienciados de la necesidad de realizar actividades formativas sin que ello implicara ningún aditamento de rango meritocrático al ejercicio de su actividad docente.
En los niveles no universitarios, la administración educativa prostituyó de alguna forma la formación permanente al ligarla con el cobro de los sexenios. Entonces una fiebre «cursillista» se apoderaba del colectivo docente cuando necesitaba aportar la documentación necesaria que certificara un número de horas de formación.
En el nivel universitario, donde la docencia es la pariente pobre de las funciones y roles del profesorado, las escasas actividades de formación quedan también reservada a esa especie de «romanticismo pedagógico» que mantiene en paz el diálogo de la conciencia profesional con el compromiso que estamos dispuestos a admitir y con la propia autoestima.
Cuando no existe se diálogo y el orden de prioridades profesionales comienza en nuestro currículum investigador y nuestra producción editorial, la docencia universitaria se convierte en un nuevo espejo de Narciso.
Aunque hay hecho esta especie de circunloquio, he considerado la cuestión planteada desde el otro punto de vista, es decir, desde la óptica de profesorado.
Imaginemos que la Universidad de Huelva pone en marcha un fantástico plan de perfecionamiento docente on line para la actualización y aprendizaje de estrategias didácticas a través de Internet. Bien, ¿a quién obligaría? ¿cómo llamar a la participación a un profesorado al que le son ajenos y extraños conceptos e ideas que le pueden apartar de su dogmatismo didáctico?
En otro orden de cosas cabría suponer que la asunción por parte de la Universidad de un plan de frmación como el que aquí se plantea supondría una inversión de capital humano y financiero para mantener operativa esa infraestructura. En algunos casos ha sido la cofinanciación con firmas comerciales o multinacionales de la información y la comunicación. El problema que se plantea sería hasta dónde llegaría el compromiso empresarial y a cambio de qué financiaría una operación de esa índole. Los caminos que llevan a la privatización de la educaión están cada vez más expeditos y esto no debería ser una franquicia para hipotecar un plan formativo que podría ocultar unos intereses económicos subyacentes.