Revista Iberoamericana de
Economía Solidaria e
Innovación Socioecológica
RIESISE
Vol. 5 (2022), pp. 25-47 • ISSN: 2659-5311
http://dx.doi.org/10.33776/riesise.v5.5335
R
Repensar una nueva generación de pro-
gramas de desarrollo territorial implica consi-
derar la democratización de los mercados, ar-
ticular los modelos de intervención y generar
estrategias para atender los diversos tipos de
conflicto, desigualdades, pobrezas y particu-
laridades históricas de las estructuras econó-
micas de los territorios. No es posible escindir
los anteriores factores de las estrategias de
desarrollo.
A partir de un método de investigación
hipotético – deductivo, en este documento se
estudian dos programas europeos implemen-
tados en América Latina como “Terceira Italia”
y “Leader” y se analizan las diversas miradas
gubernamentales en un contexto de persis-
tencia de economías rentísticas y en constante
conflicto. Finalmente se aborda el fomento y
potenciación de redes constituidas por diver-
sas formas y lógicas de organizaciones que se
autorregulan en los mercados, en especial de
economía social y solidaria.
A
Rethinking a new generation of territorial
development programmes implies conside-
ring market democratisation, articulating inter-
vention models and generating strategies in
order to attend to diverse types of conflicts, in-
equalities, poverty and historical peculiarities
of the economical structures of the territories.
It is not possible to split the aforementioned
factors from the development strategies.
From a hypothetical-deductive research
method, this text studies European program-
mes in Latin America such as “Terceira Italia”
and “Leader”. Furthermore, it analyses diverse
gubernamental points of view placed in a con-
text where rentier economies, constantly con-
flicted, persist. Finally, it addresses the promo-
tion and empowerment of networks consisting
of diverse forms and logic of organisations that
self-regulate in the market, especially social
and solidarity economy.
ELEMENTOS PARA REPENSAR EL ENFOQUE DEL
DESARROLLO TERRITORIAL EN AMÉRICA LATINA Y
VÍNCULOS CON LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
ELEMENTS TO RETHINK THE FOCUS ON TERRITORIAL
DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND ITS LINKS WITH
SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY
Dr. Daniel Francisco Nagao Menezes
Universidade Presbiteriana Mackenzie / CIRIEC-Brasil
daniel.menezes@mackenzie.br
Dr. Juan Fernando Álvarez Rodríguez
Pontificia Universidad Javeriana / CIRIEC-Colombia
juanfernandoalvarez@gmail.com
P 
Economía social y solidaria; desarrollo te-
rritorial; mercados.
K
Social and solidarity economy; territorial
development; markets.
C JEL
: B55, O18; P13; Q01.
Fecha de recepción: 25/02/2022
Fecha de aceptación: 01/06/2022
Fecha de publicación: 29/11/2022
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1. INTRODUCCIÓN
Desde principios de la década de 1990, el enfoque territorial del
desarrollo se ha implementado en algunos países de América Latina
(Sabourin y Sayago, 2013) buscando, como perspectiva, reemplazar el
modelo “top down” (de arriba hacia abajo) por el modelo “bottom up” (de
abajo hacia arriba), mediante una mayor participación de la sociedad civil
en la propuesta y evaluación de políticas públicas (Correa, 2009) y bajo
un enfoque donde la planeación del desarrollo enfatiza en las condiciones
estructurales del territorio y no sólo en sectores particulares, donde se
entiende el territorio como un espacio interdependiente de construcciones
sociales plurales y por lo tanto basados en diferentes expectativas, (Bertolá
y Favareto, 2019) reemplazando los enfoques de antaño. Por ejemplo, en
el caso del desarrollo rural territorial se cambia la mirada de promover lo
agrícola como sinónimo de lo rural.
No son las únicas perspectivas frente al tema. Para autores como Gómez
(2006) un programa de enfoque territorial del desarrollo debe contribuir
a generar cambios estructurales que garanticen la emancipación de las
poblaciones subordinadas. Dicho propósito implica la generación de
pactos institucionales que desbordan el accionar de un agente estatal, un
programa gubernamental o un programa de cooperación internacional,
tomando en cuenta los elementos estructurales que subyacen a la historia
de los territorios, su cultura y las particularidades de los mercados en los
que interactúan las organizaciones (Capello, 2018).
Por ejemplo, Gallego y Pitxer (2021) señalan que en la Comunitat
Valenciana la economía social no ha tenido el protagonismo que cabría
esperar al tenor de su conexión con las políticas de desarrollo local e
identifican que estos se debe, entre otros factores, a la debilidad en
su implementación territorial. No obstante, la aparición de una nueva
generación de políticas de economía social y la renovada convicción entre
los actores públicos locales de su relevancia en el desarrollo económico de
los territorios, dan elementos para plantear elementos conceptuales para
potenciar las áreas de fomento del desarrollo territorial.
El objetivo de este texto es contribuir a pensar una nueva generación
de políticas de desarrollo territorial que contemplen la participación de
la economía social y solidaria1 como actor protagonista en un ecosistema
1 No existe un concepto unívoco para la economía social y solidaria. En Europa,
predomina el concepto de economía social el cual tiene una tradición conceptual bastante
acotada a empresas asociativas de tradición cooperativistas y mutualista que realizan
prácticas de mercado y asociaciones como fundaciones que tienen prácticas al servicio
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articulado institucionalmente, autorregulado, participativo y con cohesión
social. Para ello se apelará a una lectura crítica sobre algunas perspectivas del
desarrollo territorial y se analizará la experiencia de dos experiencias europeas
de fomento al emprendimiento bajo el concepto de desarrollo local donde se
establecen nexos entre la cooperación internacional y organizaciones civiles.
Partiendo de la lectura de la especificidad de la economía social y solidaria,
se finaliza el artículo proponiendo algunos abordajes para potenciar el rol
transformador de estas organizaciones en el territorio.
El texto comenzará con una breve discusión sobre el enfoque de
desarrollo territorial para luego introducir dos experiencias europeas que
abren ventanas para vincular el desarrollo territorial a la Economía Social y
Solidaria en América Latina. Posteriormente, se abordarán elementos para
repensar la configuración de los mercados en los territorios con el fomento
plural de organizaciones, entre ellas las de economía social y solidaria.
2. EL ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL A MÁS DE DOS DÉCADAS
DE IMPLEMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Tras más de dos décadas de estudios y propuestas de implementación
del desarrollo territorial, se abren espacios para repensar la narrativa de los
programas de desarrollo. El trabajo de Berdegué y Favareto (2019) identifica
diversas acciones implementadas en América Latina (especialmente en Brasil
y Colombia) que han favorecido la recuperación de las discusiones sobre el
sentido del desarrollo, las transformaciones productivas y los desenlaces
en la cohesión social, la pobreza y la democracia local. Bajo el enfoque de
desarrollo territorial se han materializado en América Latina propuestas
para combatir la pobreza como fenómeno multidimensional que imbrica en
lo económico, las dimensiones institucionales y ambientales del desarrollo
(Modrego y Berdegué, 2015), propiciando espacios de participación a
diversas fuerzas populares.
Sin embargo, también se destacan fallas por falta de evaluación,
coordinación entre actores institucionales y empoderamiento local (Berdegué
y Favareto, 2019) y las pocas señales de que a partir de las iniciativas
ejecutadas bajo este enfoque se logren cambios estructurales.
de los hogares. En América Latina, la economía social y solidaria es un concepto que tiene
creciente aceptación en ámbitos académicos, gremiales y de fomento estatal. La economía
social y solidaria en América Latina sigue la noción empresarial de la economía social europea
e incorpora asociaciones de colectivos y comunidades que desde una mirada local generan
emprendimientos de subsistencia (asociados al concepto de economía popular). Entiéndase
economía social y solidaria como aquellas prácticas empresariales que ponen en el centro de
su interés la transformación de la vida de personas, comunidades y territorios apelando para
ello a la asociación participativa y democrática de esfuerzos para procurar bienes comunes.
Empresas como las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro, cajas populares, fondos de
empleados, empresas recuperadas por trabajadores y asociaciones solidaristas hacen parte
de la dimensión empresarial de la economía social y solidaria. También existen organizaciones
que, aunque no se estructuren empresarialmente, persiguen intereses comunes y cuentan con
nexos de identidad con la economía social y solidaria.
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Esta lectura brinda señales para incorporar en el análisis el papel que
juegan elementos característicos de la estructura económica de los territorios
en América Latina, aún por resolver, como el conflicto, la persistencia de
economías basadas en la explotación de bienes primarios y commodities
(Baptista, 2010), el predominio de mercados monopólicos (Bértola y
Ocampo, 2013) y los consecuentes problemas de degradación, exclusión y
desigualdad que provocan (Svampa, 2013).
Para autores como Fernandes (2008) incluir el análisis del conflicto es un
factor fundamental para el desarrollo del territorio. Para el caso colombiano
Álvarez, Zabala, García-Müller y Orrego (2016) proponen, basados en el
estudio de las especificidades geográficas de espacios en conflicto, procesos
de intervención progresiva mediante el fomento de organizaciones locales
según las condiciones existentes para la convivencia pacífica y el ejercicio
de democratización de los mercados: territorios en vulnerabilidad cívica, en
proceso de postconflicto y territorios en vías de consolidación.
Con respecto a la estructuración económica de los territorios, autores como
Svampa (2013) y Gudinas (2015) se decantan por analizar los efectos de una
lógica económica basada en la explotación de recursos naturales. La lucha por
la apropiación de estos recursos genera incentivos para la confluencia de los
actores gubernamentales con los actores económicos (sean estos locales o
representantes de actores económicos multinacionales) y desestructura y vacía
las bases de las economías locales. La anterior visión complejiza la noción del
desarrollo territorial desigual propio de la geografía económica y que para
autores como Harvey (2006) genera abordajes que invisibilizan las causas
de los conflictos territoriales y los determinantes procesos socioecológicos y
político-económicos. Para Escobar (2018) la simplificación del análisis incluso
de la terminología “desarrollo” es propio de la hegemonía intelectual colonial
que ralentiza la búsqueda de caminos autónomos.
3. EXPERIENCIAS EUROPEAS COMO ANTECEDENTES DEL DESARROLLO
TERRITORIAL EN AMÉRICA LATINA
En América Latina, el desarrollo territorial comenzó a implementarse a
mediados de la década de 1990, con el objetivo principal de combatir la
pobreza (Sumpsi, 2007), tomando como referencia algunas experiencias
europeas para fomentar el emprendimiento en regiones con bajo
desempeño social y económico. Destacamos dos de ellos aquí: los
distritos industriales de Terceira Italia y el programa “Liaison Entre Actions
de Développement de l’Économie Rurale” (Enlaces entre acciones de
desarrollo económico rural - LEADER), que involucra a varios países de la
Unión Europea. De estos programas hay características que vale la pena
retomar para repensar el desarrollo territorial.
3.1 LOS DISTRITOS INDUSTRIALES DE TERCEIRA ITALIA
En las décadas de 1970 y 1980, a diferencia de muchos países ricos que
atravesaban un período de estancamiento económico, Italia se destacó
por sus altas tasas de crecimiento económico. El desarrollo de su Producto
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Interno Bruto (PIB) fue el mayor entre los países ricos, lo que convirtió a su
economía, en ese momento, en la cuarta más grande de Europa, superando
a Francia e Inglaterra (Olival Feitosa, 2009). El modelo de desarrollo
económico adoptado en la región conocida como Terceira Itália2 contribuyó
significativamente a la consecución de estos resultados.
En ciudades como Bolonia, Turín, Milán, Florencia, Ancona, Venecia,
Módena y Génova, las pequeñas empresas comenzaron a apreciar la
mejora continua y el método flexible de producción (Olival Feitosa, 2009),
creando una alternativa al modelo Ford de organización de las actividades
de fabricación (Cocco; Galvão y Silva, 1999). El carácter innovador de
esta propuesta fue proponer un modelo de desarrollo “de abajo hacia
arriba”. Para él, los propios grupos de pequeños empresarios y otros
sectores de la comunidad local, elaboraron sus estrategias de desarrollo, a
través de lazos de solidaridad establecidos entre ellos.
Respecto a este modelo de desarrollo, basado en la pequeña producción
industrial, que fue adoptado en Terceira Italia, Bagnasco (1999) hace las
siguientes consideraciones: a) no existía una política específica para el
desarrollo de las pequeñas empresas por parte del Estado, surgieron por
iniciativa propia; b) las pequeñas empresas recibieron solo una pequeña
parte de las transferencias del Estado; c) en ocasiones, la política cambiaria
puede haber facilitado el desarrollo de pequeñas empresas en algunos
sectores, sin embargo, esta no es predominante; d) las autoridades locales,
especialmente las regionales, incentivaron el desarrollo de las pequeñas
empresas, sin embargo, esto ocurrió cuando su crecimiento ya era una
realidad; e) los incentivos otorgados por el Estado fueron los mismos en
todo el territorio nacional.
El hecho de que algunas regiones se hayan desarrollado más que
otras, puede explicarse por la diversidad social y cultural. Esto indica que
el factor principal que contribuyó a que este modelo de desarrollo fuera
económicamente exitoso en la Tercera Italia fue la sinergia que existía por
parte de la comunidad local.
Así, hubo una solidaridad entre los grupos de empresarios y entre ellos
y los demás segmentos de la comunidad local. Se creó una red de sujetos,
empresas e instituciones que se encargaron de gestionar las estrategias de
desarrollo dentro de Terceira Italia. Se entendía que el emprendimiento era
responsable de generar crecimiento económico y así contribuir a la mejora
de los problemas sociales que aquejaban a parte de la población antes de
la puesta en práctica de esta propuesta de desarrollo.
Estos grupos solidarios se organizaban en distritos industriales, que
estaban entre 60 y 100, según los criterios adoptados para definirlos
(Becattini, 1999). Los distritos estaban formados principalmente por
2 La expresión Terceira Itália fue utilizada principalmente por Bagnasco (1977), quien
buscó potenciar una región productiva donde la dinámica económica superara el dualismo
entre el norte, que posee grandes empresas, y el sur, donde se desarrolló la producción
agrícola pequeña escala (Cocco; Galvão y Silva, 1999). Esta región se encuentra en las partes
central y norte de Italia, habiendo algunas ramificaciones en el sur (Becattini, 1999).
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la red de empresas que estaban relacionadas con ellos, teniendo una
caracterización básicamente económico-productiva. Sobre ellos, Becattini
(1999, p. 49) dice que:
Podemos describir el distrito industrial como un gran complejo
productivo, donde la coordinación de las diferentes fases y el
control de la regularidad de su funcionamiento no dependen de
reglas y mecanismos jerárquicos preestablecidos (como es el caso
de las grandes empresas privadas o las grandes empresas públicas
soviéticas) pero, por el contrario, están sometidas, al mismo tiempo,
al juego automático del mercado y a un sistema de sanciones sociales
aplicadas por la comunidad.
Así, el modelo de desarrollo de los distritos industriales hace que la
gestión de las empresas pase por determinaciones públicas, dejando
el espacio privado. En esta propuesta, son de interés colectivo y no solo
individual. Los emprendedores ya no tienen una función exclusivamente
económica, sino que también asumen una importancia política. Según
Cocco, Galvão y Silva (1999, p. 23):
En los distritos, el tejido socioterritorial favoreció la construcción
de una red material y cognitiva capaz de internalizar las innovaciones
tecnológicas en los procesos de aprendizaje productivo local. Este
mismo tejido permitió mitigar la competencia a través de formas
originales de cooperación, posibilitando, de manera más general,
mantener la unión entre economía y sociedad.
En estas condiciones, los aspectos cognitivos eran tan importantes
como los económicos para el éxito del modelo de desarrollo territorial
adoptado. Se valora la identidad común que tenían los pequeños y grandes
empresarios para valorar las estrategias de desarrollo económico, abriendo
siempre la solidaridad entre ellos. La existencia de esta sinergia se consideró
de fundamental importancia para el desarrollo de los distritos industriales.
Por tanto, el modelo de desarrollo adoptado en los distritos industriales
italianos es una referencia importante para discutir la génesis de las
políticas de desarrollo territorial que se han aplicado en América Latina.
La razón es que, como veremos más adelante, varios elementos presentes
en la experiencia italiana también se pueden observar en la experiencia de
América Latina, entre los que destacamos los principales: a) la búsqueda de
la construcción de un imaginario social que haga referencia a la identidad
común entre población residente en las regiones (distritos, en el caso
italiano y territorios, en el caso latinoamericano); b) las desigualdades
regionales no se entienden como uno de los elementos de la dominación
de clases; c) se busca una solución dentro del propio capitalismo; d) se
valoran acciones que valoren la promoción del emprendimiento, buscando
insertar productores en el mercado capitalista.
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También es posible relacionar el modelo de desarrollo planteado
con el fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria como
expresiones productivas de un contexto donde se incorpora dentro de
las prácticas de mercado acciones de reciprocidad como elemento de
eficiencia y competitividad, retomando elementos de la economía civil
(Bruni y Zamagni, 2004).
3.2 EL PROGRAMA LEADER
Creada en 1991, LEADER se caracteriza por ser una política de
desarrollo territorial dirigida a las zonas rurales europeas que, al igual
que el modelo de los distritos industriales italianos, tiene como objetivo
fortalecer iniciativas que surjan “de abajo hacia arriba”, es decir, desde la
sociedad civil donde está desplegado.
Surge como una estrategia para potenciar zonas rurales que estaban
estancadas por una serie de factores, como el envejecimiento de la
población y el éxodo rural. Esto repercutió no solo en la vida de la
población rural, sino que también provocó problemas en los centros
urbanos como un suministro de alimentos que tendía a ser insuficiente
en relación con la demanda presentada y la escasez de algunas materias
primas requeridas por las grandes industrias. En este contexto, en el ámbito
de la Comunidad Económica Europea (CEE), se comenzaron a desarrollar
acciones guiadas por la Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de
impulsar la producción agrícola, contribuyendo a la disminución de las
tasas de éxodo rural.
LEADER fue una de estas acciones, que se implementó en su primera
versión entre 1991 y 1994. En esta primera etapa, se invirtieron 417
millones de euros en el programa, beneficiando a 217 proyectos. Este
paso funcionó como un proyecto piloto, que fue muy bien evaluado por la
UE, lo que motivó la secuencia del programa. Esto dio lugar a la creación
de la segunda etapa, más completa, denominada LEADER II, que se llevó
a cabo entre 1995 y 1999. Incluyó más de 1.000 proyectos de recursos por
un importe de 1.755 millones de euros.
Después vino la tercera etapa, que se llevó a cabo entre los años 2000
y 2006, denominándose LEADER +. A diferencia de las dos etapas que
siguieron, en LEADER + cada país miembro de la UE pudo definir el área
de cobertura espacial del programa, con recursos en torno a los 2.020
millones de euros, que incluyeron acciones en más de 1.000 proyectos
(Hespanhol, 2007).
Es importante señalar que la continuación de LEADER desde 2005
ha sido puesta en práctica por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural
(FEADER). Así, LEADER fue fundamental para que el enfoque territorial
del desarrollo rural se volviera predominante en la UE (Sumpsi, 2007).
Una de las principales características de LEADER es que trabaja a través
de Grupos de Acción Local (GAL), que pueden tener diferentes formas
políticas, según el contexto al que pertenezcan, estando integrados por
instituciones de ámbito local, provincial o nacional (Oliveira, 2002). En
los GAL se organizan los distintos segmentos sociales que componen
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los territorios para que puedan discutir propuestas que les son comunes,
método por el cual se generaría el desarrollo territorial.
Estos espacios colectivos tendrían la función de elaborar proyectos
que, de aprobarse, serían financiados con fondos de inversión destinados
al programa LEADER. Como se afirma en una publicación del Observatorio
Europeo LEADER (2000), organismo que sintetiza los estudios sobre el
programa, se argumenta que:
La experiencia LEADER muestra que la organización de las
autoridades locales, las modalidades entre ayuda y acompañamiento,
las relaciones entre instituciones y grupos sociales y la capacidad
para gestionar los conflictos son elementos importantes de la
competitividad social.
Así, en esta política existe el objetivo de hacer posible, a través de
los GAL, crear un espacio de ayuda y consulta que pueda contribuir al
desarrollo de los territorios que se benefician de las inversiones LEADER.
No se niegan los conflictos, sin embargo, se defiende que los gérmenes
son posibles, lo que contribuiría a la competitividad social del territorio.
El entendimiento expresado en ese documento es que los conflictos
ocurren cuando un agente social que pertenece al territorio se siente
herido sin recibir una recompensa por ello. En este sentido, la gestión de
los territorios debe basarse en una visión estratégica de cohesión social
y en la consulta, es decir, entre los sectores público y privado, entre las
instituciones locales y regionales, entre las administraciones sectoriales y
entre los agentes del desarrollo local (LEADER, 2000). Para que esto suceda,
debe entenderse que la gestión territorial debe basarse en tres pilares que
tienen como objetivo garantizar la competitividad social, a saber:
- Permite superar conflictos y facilita la aproximación entre agentes,
lo que redunda en una gran flexibilidad de actuación. Lazos
rígidos y las interacciones ritualizadas dan paso a la búsqueda de
soluciones pragmáticas y al reparto de responsabilidades entre los
electos, las administraciones autonómicas y los agentes privados
y asociativos. La gestión permite crear o renovar formas de
mediación entre instituciones y poblaciones, para que los agentes
locales puedan formular sus solicitudes y traducirlas en soluciones
adaptadas;
- Favorece la expresión de las capacidades de los agentes en toda
su diversidad, que es valorada por la acción concertada;
- Permite la creación de rutas para la integración de todas las
capacidades, conocimientos y habilidades humanas presentes en
un territorio, es decir, las de los grupos en dificultad.
En este sentido, se observa que la comprensión de la gestión social
que subyace a los GAL en la aplicación de LEADER no tiene en cuenta
la diferenciación de clases basados en la percepción de que es posible
superar los conflictos entre los grupos sociales que viven en los territorios
a través del diálogo y la acción concertada. Este tipo de entendimiento, si
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bien puede estar impregnado de buenas intenciones, difícilmente puede
operacionalizarse, debido a que los proyectos de clases sociales son
estructuralmente diferentes. En estas circunstancias, a nuestro juicio, la
propuesta LEADER es un intento de remodelar el capitalismo en las áreas
donde se implementa sin cambiar su lógica desigual y contradictoria.
En definitiva, los programas de la Terceira Italia y LEADER aportan un
abordaje de estrategias de desarrollo basada en la co-construcción de
emprendimientos individuales, sociales y colectivos que reconocen y
afrontan los conflictos y a la vez compiten en los mercados involucrando
a las comunidades locales a través de potenciar los lazos de solidaridad e
identidad cultural de sus miembros.
4. LA INCORPORACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN AMÉRICA
LATINA: EL COMBATE A LA POBREZA COMO OBJETIVO PRIMORDIAL
Como ocurre con las experiencias europeas presentadas anteriormente,
en América Latina las políticas de desarrollo territorial también buscan
fomentar el emprendimiento en el mercado capitalista. Sin embargo, este
es solo un objetivo secundario, ya que la intención principal es combatir la
pobreza, mediante la aplicación de políticas sociales.
Esto se debe a que, históricamente, esta región se ha insertado de manera
subalterna en la economía mundial. Desde la llegada de los colonizadores
españoles y portugueses, un modelo de ocupación del espacio basado
en la predicación de la fe cristiana y el saqueo de los recursos naturales
(plata, oro y madera considerados nobles, por ejemplo) ha hecho que las
poblaciones indígenas y campesinas que habitaban en estos las tierras
fueron relegadas a un lugar de subordinación (Galeano, 1979).
Posteriormente, con el establecimiento de relaciones capitalistas de
producción, se fortaleció un modelo de explotación de la tierra que favorecía
la concentración de la tierra. La prueba de esto se puede encontrar en los datos
publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) en 2009, que indicaron que el Índice de Gini, que mide
la concentración de tierras de los países latinoamericanos, se encontraba
entre los más grandes del mundo. Así, el 5% de los establecimientos más
grandes ocupaba el 68% de la tierra, mientras que el 50% de los pequeños
agricultores ocupaba el 2,3% de la tierra (Rattner, 2011).
Tales desigualdades, por supuesto, generan índices de pobreza
alarmantes y generan un estado de vulnerabilidad que se acentúa ante
fenómenos inesperados como la pandemia por el COVID-19. Los datos
publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) América Latina y el Caribe muestran como la región experimenta
la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que ha traído un
aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas en 2020 en
comparación con el año anterior, totalizando 83,4 millones en total. El
impacto sobre el hambre también es muy significativo, considerando que
en 2018 ya había 53,7 millones de personas en situación de inseguridad
alimentaria grave en América Latina (Bárcena y Berdegué, 2020).
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Así, la lucha contra la pobreza se ha convertido en el eje central para
la aplicación del desarrollo territorial en América Latina. Las políticas de
desarrollo territorial llegaron al continente en la década de 1990, bajo
un fuerte impulso de organismos multilaterales como el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación
Agrícola (IICCA) FAO y CEPAL. Tales acciones se implementaron en países
como: Brasil (Gómez, 2006; Hespanhol, 2010), Costa Rica (Mora-Alfaro y
Romanvega, 2006), Perú (Claverías Huerse, 2008), Ecuador (Maldonado,
2012), Nicaragua (Mejia, 2013), Bolivia (Hendel, 2011) y Honduras (Jansen
et al., 2006).
También existen programas de desarrollo territorial que involucran
a grupos de países como Proterritorios3, en América del Sur; y la
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial Rural (ECADERT)4,
en Centroamérica. Se debe enfatizar que, a diferencia de lo que sucedió
en Europa, estas experiencias tuvieron poca conexión entre ellas (Sumpsi,
2007).
No es parte del objetivo de las presentes líneas describir cómo se ha
implementado el desarrollo territorial en estos diferentes países. Se elige
resaltar las líneas comunes que han caracterizado a estas políticas en
América Latina en su conjunto. En este sentido, según Sabourin y Sayago
(2013:15), las experiencias de desarrollo territorial en América Latina tienen
los siguientes puntos en común:
- Son políticas que proponen institucionalizar una nueva escala
o un nuevo nivel de gobernanza supra o intermunicipal: la del
territorio rural;
- Son, paradójicamente, políticas que surgen en los ministerios
sectoriales (Agricultura o Desarrollo Rural) y que generalmente
se dirigen a un segmento específico del sector rural, el de la
agricultura familiar;
- Los programas de desarrollo territorial rural en América Latina están
asociados a procesos de participación de la sociedad civil.
Por tanto, los autores consideran que tres puntos pueden considerarse
convergentes en las experiencias de desarrollo territorial en América
Latina: a) el territorio como escala para la gestión e implementación de
políticas públicas. Este hecho se refiere al proceso de descentralización
administrativa del Estado Nacional; b) se dirigen al campo, con el agricultor
familiar como sujeto de referencia. Por esta razón, en la mayoría de los casos,
están centralizados en uno de los ministerios de los estados nacionales y; c)
valoran la participación de la sociedad civil, ya que se basan en el concepto
3 Los siguientes países de América del Sur están relacionados con los Protectores: Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá y Perú. El
principal objetivo de esta política es: mejorar la calidad, eficiencia e impacto de las políticas y
el gasto público, a través de procesos de desarrollo de capacidades en la gestión territorial en
instituciones, organizaciones sociales, actores y agentes públicos (PROTERRITORIOS, 2015).
4 ECADERT involucra a los siguientes países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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de sinergia entre grupos sociales. Esto significa que no hay referencias a la
lucha de clases.
Sin embargo, Sotomayor, Sayago y Sabourin (2013: 103), en una
entrevista con Doris Sayago y Eric Sabourin, afirman que existen diferencias
significativas en los programas de desarrollo territorial de América Latina:
Creo que en cada país estos conceptos se han aplicado de
manera diferente, ya que está claro que cada uno tiene sus propios
problemas y su propia realidad. Sin embargo, esto implica que hay
mucha diversidad. Sin embargo, en todos ellos se observan estos ricos
rasgos comunes: complejidad, des-sectorización, participación social
y descentralización. Sin embargo, creo que estos programas están en
fase de desarrollo y que sería útil ver cómo están, para realizar una
serie de evaluaciones que permitan corregir aquellos aspectos que
no han funcionado y potenciar lo que ha ido funcionando.
De tal forma, las características del desarrollo territorial varían según
las realidades observadas en los países. En Ecuador, por ejemplo, algunas
de las políticas de desarrollo territorial traen consigo una concepción de
que a través del Estado Plurinacional se debe construir el Buen Vivir, que,
entre otras cosas, aparece como una alternativa al modelo de acumulación
capitalista (Maldonado, 2012).
También llama la atención en el discurso de Sotomayor (Sotomayor,
Sayago y Sabourin, 2013), la delimitación de puntos comunes a las
políticas de desarrollo territorial América Latina, a saber: complejidad, des-
sectorización, participación y descentralización. La complejidad se refiere
al amplio abanico de objetivos que los permean, abarcando diferentes
segmentos sociales.
La des-sectorización es la búsqueda para ir más allá de las políticas
económicas que caracterizan la introducción de la Revolución Verde en
América Latina. La participación es el intento de involucrar a diferentes
grupos sociales dentro de una propuesta que les es común. Finalmente,
la descentralización es el proceso que tiene como objetivo reducir las
atribuciones de los estados-nación.
En este sentido, al caracterizar a Sotomayor, Sayago y Sabourin (2013) se
desprende que el desarrollo territorial aparece como una nueva propuesta
para la gestión de políticas públicas, tomando el gobierno de los Estados-
nación desde el centro, e incorporando a la sociedad civil un rol activo y de
participación en la toma de decisiones. Sin embargo, no hay expectativas
de cambios estructurales. Esto se debe a que el desarrollo territorial tiene
como objetivo darle al capitalismo una nueva apariencia, sin embargo, sin
superarlo.
Gómez (2006: 333) hace un análisis crítico de este hecho y demuestra
cómo el modelo de desarrollo territorial América Latina está influenciado
por instituciones multilaterales vinculadas al proceso de globalización del
capital. Esto sucede como sigue:
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A escala regional América Latina, encontramos un engranaje
multiinstitucional bien engrasado para promover un enfoque de
desarrollo para el medio rural, embellecido con los últimos avances
en marketing social (medio ambiente, género, capital social y humano,
etc.), legitimado para los fines más íntegros y loables (combatir la
pobreza, el hambre, el analfabetismo, etc.), anclado en el prestigioso
conocimiento de los más reconocidos “expertos”…
El autor destaca cómo se configura el desarrollo territorial en América
Latina a través de la construcción de un territorio inmaterial significativo. Se
destacan sus efectos positivos, sin embargo, no se hace énfasis en el hecho
de que:
[...] sigue evitando cualquier cambio estructural del capitalismo;
las ayudas que reciben los países son mayoritariamente préstamos
que incrementarán su endeudamiento y que, destinados a inversiones
generalmente poco rentables, como proyectos de desarrollo, hacen
que estos países sean aún más dependientes; El mantenimiento
persistente de las tasas de pobreza y desigualdad en las zonas
rurales no lleva a las instituciones que promueven el desarrollo a una
autocrítica radical, por el contrario, sirve de coartada para nuevos
enfoques, nuevas estrategias y nuevas acciones, como el desarrollo
territorial rural, cada vez más flexible a pequeños cambios en campos
marginales y más rígido en cuanto al núcleo duro de la propuesta
(Gómez, 2006: 334).
Como es típico de los autores pertenecientes al posdesarrollo, Gómez
(2006) y Escobar (2018), se muestran escépticos sobre el potencial
emancipatorio de las políticas de desarrollo territorial latinoamericana,
que para él funcionan como una estrategia para legitimar el capitalismo.
Como las anteriores propuestas de desarrollo no resolvieron el problema
de la pobreza que azota a gran parte de la población, las políticas de
desarrollo territorial utilizan la asistencia a algunos problemas sociales para
corroborarse.
Los autores de estas líneas están de acuerdo parcialmente con esta
afirmación. Al igual que Gómez (2006), entendemos que la forma en
que el desarrollo territorial ha sido implementado por la gran mayoría
de los gobiernos latinoamericanos lo convierte en una estrategia para la
continuidad de las políticas capitalistas. Sin embargo, el autor no menciona
a grupos contrahegemónicos que toman parte de estas políticas para
fortalecer relaciones distintas a las que genera el capitalismo. Por supuesto,
reconocemos que estas experiencias emancipadoras son minoritarias, sin
embargo, no se pueden negar.
No necesariamente abordando el desarrollo territorial (Morais, 2020),
pero destacando algunos gobiernos latinoamericanos como alternativas
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a la forma neoliberal de gobernar5, el trabajo de Sader (2009) aporta
otros elementos a este debate. El autor recuerda que, en la década de los
noventa, tras la caída del Muro de Berlín y con el supuesto fin del conflicto
ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estallaron en América
Latina una serie de gobiernos con opciones neoliberales. Entre estos
podemos mencionar el de Carlos Menem en Argentina (1989-1999); el
de Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002), en Brasil; el de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela (1989-1993)
y el César Gaviria (1990-1994) en Colombia. Para el autor, el balance de la
opción por este modelo de desarrollo económico fue el siguiente:
En la década de los noventa, el campo político estuvo marcado
principalmente por la ofensiva de las políticas neoliberales y la
resistencia de los movimientos sociales. El neoliberalismo logró
crear un consenso en torno a sus políticas, apoyándose en una
fuerte propaganda internacional, pero también jugando con el
fantasma de la inflación como punto de apoyo fundamental de
América Latina para la criminalización del Estado y la introducción
de duras políticas de ajuste fiscal. Los efectos inmediatos de la
estabilización monetaria -y la ilusión de que esta medida, por sí
sola, aumentaría sustancialmente la capacidad de consumo de la
población y promovería la reanudación del desarrollo económico-
permitieron la reelección de los principales presidentes impulsores
del neoliberalismo: Menem, Fernando Henrique Cardoso y Fujimori
- fenómenos que llenaron políticamente la década de los noventa
(Sader, 2009, p. 45).
El autor recuerda que a principios de los años noventa la inflación aún
despertaba temor en la población latinoamericana. Sin embargo, algunos
gobiernos neoliberales crearon políticas de estabilización monetaria y se
ha contenido la inflación. Esto contribuye a gobiernos que fueron elegidos
con promesas enmarcadas en premisas neoliberales como la de Fernando
Henrique Cardoso (1995-1998 y 1999-2002), en Brasil; el de Carlos Menem,
en Argentina y el de Alberto Fujimori (1990-1994 y 1995-2000), en Perú;
reelegido a nuevos términos. Sin embargo, el control de la inflación no
5 Según Negrão (1996), las características del neoliberalismo son: a) disciplina fiscal, a
través de la cual el Estado debe limitar su gasto en recaudación, eliminando el déficit público;
b) centrarse en el gasto público en educación, salud e infraestructura; c) reforma tributaria que
amplíe la base sobre la que recae la carga tributaria, con mayor peso en impuestos indirectos
y menor progresividad en impuestos directos; d) liberalización financiera, con el fin de las
restricciones que impiden a las instituciones financieras que los organismos internacionales
actúen en pie de igualdad con los nacionales y el alejamiento del Estado del sector; e) tipo
de cambio competitivo; f) liberalización del comercio exterior, con reducción de las tasas de
importación e incentivos a la exportación, con miras a impulsar globalización de la economía;
g) eliminación de restricciones al capital extranjero, permitiendo la inversión extranjera
directa; h) privatización, con venta de empresas estatales; i) desregulación, con reducción
de la legislación para controlar el proceso económico y relaciones laborales y; j) propiedad
intelectual.
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significó un aumento en la capacidad de consumo de la población y la
economía de los países latinoamericanos se mantuvo estancada. En estas
circunstancias, es importante señalar que:
Los mayores logros del neoliberalismo no ocurrieron a nivel
económico, campo que canalizó sus mayores promesas, sino
a nivel social e ideológico. La combinación de políticas de
“flexibilización laboral” - que, en realidad, se trata de precariedad
laboral, expropiación del derecho a un contrato de trabajo formal
- desempleo resultante de ajustes fiscales a nivel gubernamental y
despidos masivos en el sector privado, ha debilitado profundamente
a los sindicatos y la capacidad negociadora de los trabajadores,
fragmentaron y atomizaron la fuerza de trabajo, desplazaron los
temas del trabajo y las relaciones laborales para el debate público
(Sader, 2009, p.51).
El neoliberalismo se apoyó en una fuerte propaganda dirigida a crear
en el imaginario social la concepción de que la adopción de medidas de
liberalización del mercado y una mínima acción del Estado en la conducción
de las políticas de desarrollo era el mejor camino a seguir por los gobiernos.
Al mismo tiempo, a través de la flexibilización de las leyes laborales, se
adoptaron medidas que redujeron la capacidad para desafiar a las fuerzas
contrahegemónicas, como algunos sindicatos, por ejemplo.
La bifurcación llegó en la década del 2000 cuando, resultado de la
crisis que se instauró en la economía mundial en 1998, varios gobiernos
apoyados por coaliciones populares son elegidos en América Latina. Los
ejemplos incluyen: Hugo Chávez, en Venezuela; Luís Inácio Lula da Silva
y Dilma Rousseff, en Brasil; Evo Morales, en Bolivia; Rafael Correa, en
Ecuador; y Fernando Lugo, en Paraguay. Sader (2013: 138) entiende que
estos gobiernos se diferencian de los gobiernos neoliberales porque tienen
las siguientes características:
a) priorizar las políticas sociales y no el ajuste fiscal;
b) priorizar los procesos de integración regional e intercambios Sur-
Sur y no los tratados de libre comercio con Estados Unidos;
c) priorizar el papel del Estado como inductor del crecimiento
económico y la distribución del ingreso, en lugar del Estado mínimo
y la centralidad del mercado.
Factores como una acción más incisiva del Estado en la conducción de
las políticas de desarrollo, la adopción de políticas sociales, la búsqueda
de la integración entre los países del Sur, todos característicos de estos
gobiernos latinoamericanos de la década del 2000, son entendidos por el
autor como una ruptura con el neoliberalismo. Por tanto, se caracterizan
como posneoliberales, y es importante aclarar que:
Lo que llamamos posneoliberalismo es una categoría descriptiva,
que designa diferentes grados de negación del modelo, pero aún
no un modelo nuevo, y, al mismo tiempo, un conjunto híbrido de
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fuerzas que conforman las alianzas sobre los que se basan los nuevos
proyectos (Sader, 2009: 64).
De hecho, América Latina ha presentado experiencias de gobierno que
no se pueden catalogar como plenamente neoliberales, porque si bien
están influenciadas por el capital financiero y mercantil que opera a escala
global, también responden a muchos de los intereses de poblaciones
subordinadas, ya que fueron elegidas a través de coaliciones populares.
Tampoco es posible señalar la viabilidad de gobiernos alternativos pues los
resultados aún son disímiles.
La elección de estos gobiernos por valorar la implementación de
políticas de carácter social es un factor fundamental en la configuración
del desarrollo territorial de América Latina. Esto significa que, además de
fomentar el emprendimiento, como forma de ascender a la clase media,
el desarrollo territorial también debe caracterizarse por la lucha contra la
pobreza lo que exigirá transformaciones aún pendientes.
5. OPORTUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
En estas líneas se ha planteado la incorporación de algunos elementos
para potenciar una nueva generación de políticas y programas de
desarrollo territorial: los diversos escenarios en conflicto, la necesidad de
articular, armonizar y co-construir políticas públicas, de incorporar actores
organizados del territorio a la economía y de potenciar una democratización
de los mercados son algunos de los elementos mencionados. Lo anterior,
en un contexto de transiciones socioeconómicas hacia una economía
sostenible, basada en tecnologías y en la disipación de las fronteras entre
lo urbano y lo rural, lo local y lo global.
Para Álvarez y Marcuello (2020) la caracterización de organizaciones
civiles en el territorio permite ahondar en identificar emprendimientos
emergentes afines a la economía social y solidaria. De naturaleza local,
abocadas al territorio y conformadas bajo paradigmas del desarrollo
alternativos, estas organizaciones entran en disputa, resistencia o como
actores complementarios a los mercados buscando adaptarse a los
relatos hegemónicos de intervención. Con esto, generan trayectorias
transformadoras que ponen en valor las lógicas del territorio bajo la
aplicación de espacios participativos de concertación que abordan
permanentemente el conflicto y acciones de gobernanza basados en la
autonomía.
Por ello estas organizaciones pueden generar, con los estímulos
adecuados, respuestas a un desarrollo territorial basado en el desarrollo de
acciones para disminuir la pobreza, incidir sobre la desigualdad y socavar
las bases de una economía aún extractiva, rentista y atada a las lógicas de
expansión destructiva del capitalismo rentístico. Sin embargo, las empresas
de economía social y solidaria no pueden por si solas apalancar el desarrollo
de los territorios.
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Un primer estímulo tiene que ver con potenciar la pluralidad de
formas y lógicas organizacionales en las diversas esferas de la estructura
económica de los territorios. Al respecto, Gallego y Pitxer (2021) señalan
que la complementariedad entre actores del desarrollo en el territorio se
consolida en la medida que en parte de esos actores sean de economía
social lo que contribuye a estructurar normas, formales e informales,
que regulan el comportamiento del conjunto. Por tanto, señalan que la
interacción entre actores públicos, privados y mixtos potencian nuevas
comunidades de actores.
Por ejemplo, potenciar dentro del mercado de un producto como el “pan”
la organización de estructuras empresariales como panaderías capitalistas,
cooperativas de panaderos o estructuras organizacionales asociativas
como clubes del pan, gremios de panaderos o fundaciones encargadas de
incorporarle nutrientes para hacer de la provisión del pan, una estrategia
en la lucha contra el hambre. Las diversas organizaciones tendrán diversas
orientaciones según el objeto social de cada forma. Unas panaderías
pondrán énfasis en el sabor, otras en la calidad nutricional; unas innovarán
en la presentación, otras en la tradición; unas distribuirán sus recursos
privilegiando el trabajo, otras al capital; unas enfatizarán en la estética de
un local de ventas, otras utilizarán un espacio de su vivienda personal; unas
determinarán su población objetivo por la capacidad de pago, otras por la
vulnerabilidad, en fin: diversas orientaciones para satisfacer diversos fines
organizacionales que se autorregulan y potencian el mercado del pan.
Como demuestra Mazzucato (2021) no es posible fomentar la innovación
sino se cuenta con el Estado. Cualquier apropiación privada de innovaciones
que son el resultado del concierto de múltiples actores públicos, privados
y comunitarios generan externalidades negativas como la desigualdad y
el desempleo. Como demuestra Mintzberg (2015), tampoco puede haber
perdurabilidad financiera en inversiones transferidas a organizaciones
sociales sino se genera un ecosistema de acumulación basado en la
confianza y en la generación de valor compartido. Cualquier intento de
menoscabar las redes de distribución e intercambio pueden propiciar un
aumento de espacios informales de intercambio que terminan aislando a
comunidades.
Para Castells (2017), existen tantas prácticas económicas que encarnan
valores alternativos como culturas. Es en la diferencia y en la contradicción
donde se generan acuerdos de gobernabilidad que transforman los
contextos. Es la confluencia de lógicas empresariales diferenciadas, en
cooperación y competencia, en colaboración y en red la que logra estructurar
una acumulación de capital lo suficientemente amplia para mantener
la financiación de emprendimientos locales, generar encadenamientos
comerciales de toda la producción local, generar circuitos cortos de
comercialización y redes de consumo sostenibles.
En América Latina se abre una ventana de oportunidad para propiciar el
desarrollo de territorios que por olvido, abandono o violencia han quedado
desprovistos de infraestructura, condiciones de habitabilidad, estructuras
de producción y comercialización. Propiciar implica acompañar, favorecer
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y atraer a quienes habitan estos espacios cuyo rol debe ser central como
conocedores de la historia, las representaciones territoriales, los paisajes,
conflictos y las tecnologías sociales de los territorios.
Aunque el accionar en estos espacios territoriales demanda adecuaciones
de infraestructura, todo está por hacer en el marco de un mundo que
demanda transiciones hacia un nuevo modelo productivo (Rifkin, 2019):
carreteras, generación eléctrica, sistemas de riego, centros médicos,
escuelas, canchas deportivas, caminos ecológicos, estructuración vecinal,
centros de acopio, estructuración productiva. Autoras como Gibson-Graham
(2017) y Trainer (2017), entre muchos otros plantean la necesidad de hacer
de estos caminos de transición un proceso de discernimiento sosegado,
propiciando una vida simple, de organización comunitaria, consumo local y
de valoración de los bienes y servicios que contribuyen con la sostenibilidad.
Ello no limita el desarrollo, pero si el crecimiento económico lo que desafía
a la tradicional concepción capitalista del crecimiento perpetuo y resitúa a
la economía en su rol de ciencia de asignación.
Autoras como (Raworth, 2017) van más allá al proponer límites al
crecimiento y generar procesos de redistribución que pongan en el
centro la preservación de la vida, la satisfacción de las necesidades de
ingentes grupos humanos excluidos económicamente incluso de derechos
económicos básicos. Las organizaciones que realizan estos cambios
tienen en su estructura mecanismos para el ejercicio de una democracia
participativa, están enraizadas en lo local y por ello enfatizan su accionar y
beneficios a valorar la preservación de la vida y el bien común en ejercicio
de una solidaridad fraterna como nos lo recuerda Leonardo Boff (2017). Para
lograr lo anterior, es menester la co-construcción territorial y la innovación
de mercados basados en la progresiva cooperativización como medio de
posicionamiento comercial (Morais, Bacic, 2017).
Se está ante la oportunidad de transformar la vida mediante transiciones
sostenibles y desplegar espacios de mercado para canalizar inversiones
socialmente deseables y financieramente rentables para los millones
de asociados que necesitan acompasar su identidad con una causa
transformadora (Santos et al., 2020).
6. CONSIDERACIONES FINALES
Para el propósito de discutir la implementación del desarrollo territorial
en América Latina, es fundamental ir más allá de la dicotomía de entenderlo
como estrategia para fortalecer el capitalismo versus una propuesta
emancipadora. La consideración del desarrollo territorial como parte
de las estrategias posneoliberales en algunos países de América Latina
nos permite entender estas políticas como contradictorias. Esto se debe
a que, por una parte, se ponen en operación formulaciones de agencias
multilaterales, vinculadas al proceso de expansión global del capitalismo
y, por otra parte, se impulsan las políticas sociales de gobiernos que se
caracterizan por romper con el neoliberalismo, pero aún sin pasar el campo
de lo potencialmente alternativo. Evidentemente, avanzar en esta lectura
es algo que trasciende este trabajo, sin embargo, dicha caracterización
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es importante para que se pueda realizar el análisis crítico del desarrollo
territorial.
Repensar el desarrollo territorial en América Latina implica pensar
en las particularidades históricas que han constituido las orientaciones
institucionales y las configuraciones culturales de los territorios expresadas
en conflictos, desarticulación de los actores sociales de las políticas de
desarrollo y condiciones monopólicas en la estructuración de mercados.
La mayoría de los proyectos nacionales de desarrollo son del período
post-independencia y son proyectos conservadores que proponían la
construcción de naciones dependientes de países centrales, pero desde la
idea de que tales trayectorias podrían ser desarrolladas solo con las élites
locales lo que terminó generando una apropiación rentística de los recursos
públicos y acrecentando las desigualdades y la pobreza. Esta propuesta
sirvió de marco para el desarrollo de las instituciones en América Latina y,
en consecuencia, el uso e importancia de los territorios (Cintra, Menezes,
2013). Así, el desarrollo territorial existente hasta ahora está ligado al
modelo de explotación depredador, no vinculado a intereses locales y que
causa impactos ambientales irreversibles.
Es necesario construir estrategias regionales de corto, mediano y
largo plazo basadas en propuestas emancipadoras. Sin embargo, esto
no significa negar la experiencia de las regiones desarrolladas del
planeta, sino conocerlas y adaptarlas a la realidad de América Latina. La
economía social y solidaria, en el ámbito de los territorios, representa una
fortaleza de autonomía, legitimidad y capacidad socioeconómica para
regular los mercados y transitar hacia modelos productivos sostenibles
(Menezes, 2020); esto implica un accionar para disminuir las brechas de
desigualdad, pobreza y exclusión que caracterizan a muchos territorios.
A su vez, la economía social y solidaria sirve de puente para propiciar
espacios institucionales de co-construcción territorial que formalicen
empleo, dinamicen la estructuración de emprendimientos empresariales y
fortalezcan las democracias desde lo local.
Repensar una nueva generación de políticas y programas de desarrollo
territorial en América Latina implica incorporar los elementos propios de
las contradicciones y desarticulaciones que perduran en los territorios
e incorporar a las fuerzas sociales y económicas del mismo, como las
empresas de economía social y solidaria, a los factores de planeación del
desarrollo territorial.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
Los dos autores han participado de igual manera en la elaboración del
artículo.
FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
La investigación que ha dado lugar al artículo no ha contado con
financiación alguna.