En fin, el interés para la sociedad de los estudios en Derecho resulta evidente por sí mismo. La realidad y la sociedad evolucionan constantemente, a un ritmo muy superior al de la norma jurídica, pues el legislador no puede regular una realidad desconocida, y ha de esperar a que tal realidad surja, se concrete y sus perfiles se definan. La investigación jurídica, y más en el marco del doctorado, pone de manifiesto las eventuales lagunas de regulacdión, identificando realidades donde la norma no llega, pero también analiza la normativa existente para determinar si se ajunta o no a esa realidad que trata de disciplinar, poniendo en caso contrario alternativas, bien para el legislador, bien para los tribunales. Muchas de las novedades legislativas o de los avances jurisprudenciales se deben a la labor de la doctrina científica, que no sólo descubre lagunas e incoherencias sino que a través de un proceso de sistematización y análisis ofrece argumentos y respuestas múltiples. Y sin embargo, no puede decirse que en España exista una tradición de estudios de investigación jurídica asociada a centros especializados y la defensa de tesis doctorales se ha venido limitando a quienes tenían intención de seguir la carrera académica. Pero cada día aumenta la demanda social de estudios profundos en materia de Derecho. Jueces, fiscales, abogados, notarios se plantean ahora, con creciente frecuencia, armarse con las técnicas más adecuadas de investigación para profundizar en las materias sobre las que trabajan. El nivel de los/las profesores/as adscritos a la Facultad, su propia experiencia en investigación, los contactos nacionales e internacionales que mantienen y la relevancia de los grupos en los que desarrollan sus tareas aseguran una excelente formación para quienes se integren en el Programa de Doctorado. Además, varios de nuestros profesores/as colaboran asesorando a entidades privadas en los diversos aspectos jurídicos.